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Homicidios
Los casos de investigaciones por el delito de homicidio son unos de los más complejos tanto para el Ministerio Público que debe acusar y probar como para la Defensa que debe controvertir los cargos, pues no basta con acreditar que se ha dado muerte a una persona, sino que además resulta indispensable determinar si al imputado la ha cabido o no participación sea como autor, cómplice o encubridor., todo lo anterior bajo el estándar probatorio de la duda razonable. Luego, es de vital importancia que se acredite que se ha tratado de una muerte provocada intencionalmente y de manera dolosa y que en ella no han concurrido otras circunstancias que pueden extinguir la responsabilidad penal o atenuarse, y que el autor ha provocado dicha muerte sin que concurran elementos de hecho que puedan destruir el nexo de causalidad. En este sentido, todo caso de homicidio plantea a todos los intervinientes el desafío de recurrir a las ciencias forenses y una adecuada defensa del imputado requiere justamente cuestionar desde la ciencia y la dinámica de los hechos la pretensión del acusador, pues * no son pocos los casos en que La Fiscalía persigue a una persona inocente. *
Delitos de Robo
Los casos de investigaciones por el delito de robo con violencia e intimidación, salvo excepciones, son casos que el Ministerio Público construye a partir del relato de una víctima sin otros elementos probatorios directos sino con nutrida evidencia circunstancial, avalada en los dichos de los funcionarios policiales, testigos de oídas, que han intervenido en los procedimientos de dicha investigación. Por ello es sumamente relevante que la defensa no se limite a cuestionar la insuficiencia probatoria sino que debe ser capaz de generar prueba propia a partir de diversas diligencias investigativas y periciales propias, tales como pericias, análisis del sitio del suceso, empadronamiento de testigos, registros de cámaras y todo otro elemento que aporte a la teoría del caso de la defensa, lo que será por regla general y en abstracto la falta de participación del acusado en tal delito o bien la recalificación jurídica de ese delito a otro de menor entidad atendida la dinámica de los hechos y la ausencia de elementos objetivos y subjetivos propios del tipo penal por el cual se le acusa a la persona. Son muchos los casos en que el Ministerio Público acusa injustamente a una persona por este tipo de delitos.
Delitos Sexuales
Los casos de investigaciones por delitos sexuales constituyen también unos de los más complejos tanto para el Ministerio Público como para la Defensa, pues en general se trata de delitos que se cometen sin testigos directos o presenciales, por lo que el dicho de la víctima y la valoración de su relato, teniendo en vista siempre todos los contextos y circunstancias del caso, resulta relevante. En tal sentido, el Ministerio Público cuenta con Peritos de la Psicología y mecanismos de investigación especiales como es, respecto de víctimas menores de Edad, la Entrevista Investigativa Videograbada. Por ello resulta esencial para la persona que es investigada por este tipo de delitos ejercer una defensa activa, no sólo para acceder a la evidencia en su contra, sino para generar elementos, antecedentes, de hecho, testimoniales, técnicos y científicos que permitan fundar su falta de participación. En casos de delitos sexuales existen muchísimas denuncias falsas y no son pocos tampoco los casos en que el Ministerio público acusa a la persona inocente, o le imputa conductas más agravadas que en definitiva atentan contra la verdad y la justicia, por ello es nuestro compromiso la defensa de la más alta calidad.
Delitos de la ley de armas
La legislación penal chilena tipifica y sanciona diversos hechos como delitos a los que asigna altas penas que van desde simple delito a crimen. Los casos de investigaciones por los delitos de la llamada ley de armas importan diversas situaciones que pueden afectar a muchísimas personas, no solo aquellas que consciente y deliberadamente la quebrantan, como sería el caso de la utilización de armas de fuego para cometer otros delitos o el tráfico de armas, sino a ciudadanos y usuarios que por desconocimiento se pueden ver involucrados, sea como tenedores legales de armas para defensa, como deportistas o cazadores, coleccionistas e importadores y comercializadoras autorizados. En este punto el Ministerio Público no hace un trato diferenciado. Por otro lado, existe un alto desconocimiento de esta materia en aspectos técnicos que lleva a sostener al Ministerio Público acusaciones infundadas o erradas. Por ello es de vital importancia que la defensa penal cuente con un equipo que posea sólidos y amplios conocimientos en materia de armas y explosivos, no sólo legales, sino técnicos y científicos, lo que guarda relación con contar con la asesoría experta de profesionales de armeros y balísticos entre otras disciplinas. En este sentido, una defensa técnica lo debe ser tanto en lo que a derecho se refiere como a los aspectos técnicos de los muchos elementos como armas, municiones, explosivos, partes, piezas y accesorios que se encuentran regulados en la legislación de armas.
Delitos de asociación ilícita
Los casos de investigaciones por los delitos de asociación ilícita implican una de las más complejas tanto para el Ministerio Público como para la Defensa. Detrás de esta figura delictiva base, subyacen otras específicas, como el lavado de activos, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, delitos de robos, secuestros, extorsiones y todo otro delito y crimen. Es precisamente en materia de crimen organizado donde tanto el persecutor penal como la defensa de los imputados debe acudir con mayor fuerza al trabajo de análisis y depuración de la información, lo que hará el Ministerio Público con las policías y sus laboratorios forenses, debiendo la defensa penal concentrar sus esfuerzos en aquel o aquellos aspectos que resulten relevantes a la teoría del caso.
Delitos de la ley 20.000
Los casos de investigaciones por los diversos delitos que contempla la ley 20.000, pueden ir desde un porte para consumo, hasta una asociación ilícita para el tráfico de drogas y estupefacientes, implica la utilización por parte del Ministerio Público de herramientas intrusivas especiales de investigación que imponen a la defensa un mayor estándar en el análisis de la prueba fiscal y generación de prueba propia.
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